La propuesta del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, de declarar el municipio en quiebra y someterlo a la Ley 550 ha generado debate en el sector privado.

Los gremios económicos de la ciudad han manifestado que las declaraciones del burgomaestre generan un “pánico financiero” que no es compatible con los indicadores positivos que arroja la ciudad desde 2008 en materia de emprendimiento, generación de empleo y crecimiento demográfico. Por eso insisten en que la crisis financiera pertenece al municipio, ya que Bucaramanga como ciudad se proyecta a seguir creciendo.

Aunque el Presidente del Comité de Gremios de Santander, Alejandro Almeyda Camargo, manifiesta que el área privada no puede darle la espalda al arca pública, afirma que declarar al municipio en quiebra supondría una reducción de la inversión extranjera y una sensación de desconfianza por parte de los ciudadanos.